Con la reciente aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, se regulan nuevas formas de acceso al crédito como la financiación participativa, conocida como crowdfunding. Desde el pasado 29 de abril de 2015 (fecha de entrada en vigor de la norma), se permitirá a cualquier persona (“inversores no acreditados”) participar en este tipo de inversiones con un máximo de 3.000 euros anuales por año para cada proyecto y con un límite anual de inversiones en este tipo de proyectos de 10.000 euros para todos ellos. Ello se efectuará a través de plataformas de inversión que pondrán en contacto a los potenciales inversores y a los demandantes de inversión.
Desde el pasado 13 de junio de 2014, todas las empresas que contraten directamente con consumidores y usuarios están obligadas a introducir modificaciones en las condiciones legales de todos los contratos que suscriban con aquéllos como consecuencia de la modificación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, introducida por la Ley 3/2014. Por lo tanto, desde esta fecha, tenga presente que se amplían y refuerzan los elementos sobre los que es necesario informar al consumidor, de forma previa a la celebración del contrato, como son: el precio total incluidos impuestos y tasas, el medio de pago, el plazo y la forma de entrega, la existencia y condiciones de las garantías legales y comerciales, los servicios postventa, el derecho de desistimiento, etc.
De acuerdo con la nueva Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, la licencia obtenida en un territorio autonómico para el desarrollo de una actividad económica sirve para toda España, sean cuales fueran las características del producto y los condicionantes existentes en cada territorio autonómico.
En el BOE del día 23 de febrero se ha publicado el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que contiene una serie de medidas de apoyo al emprendedor, pymes y los autónomos , de índole muy dispar , de las cuales destacamos ahora aquellas dirigidas a reducir la morosidad en las operaciones comerciales.
Tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el español, se ve con gran preocupación la morosidad en el pago de deudas contractuales entre empresas y sus largos plazos, pues puede afectar a la propia supervivencia de las empresas.
Los emprendedores podrán solicitar créditos sin necesidad de garantías adicionales a las del propio proyecto empresarial.
El Consejo de Ministros ha aprobado tres acuerdos para la firma de otros tantos convenios entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio, para la financiación de proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas; empresas de base tecnológica y por jóvenes emprendedores, con objeto de impulsar la creación de empresas y contribuir a la generación de empleo.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha la nueva Línea ICO Garantía SGR 2012 con el objetivo de promover que autónomos y PYMES puedan acceder a la financiación que solicitan mejorando la calidad de sus operaciones mediante el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), y se podrán solicitar los préstamos en las SGR o en las entidades de crédito colaboradoras.
Se prevé que no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre un Anteproyecto de Ley de intensificación de lucha contra el fraude que completa el Real Decreto Ley 12/2012 de medidas tributarias aprobado el 30 de marzo, en el que ya se introdujeron medidas correctoras en el Impuesto de Sociedades para elevar el tipo de gravamen efectivo que pagan las grandes empresas, además de un plan extraordinario de regularización de rentas ocultas en donde se fija un gravamen del 10 por 100 sobre el importe de bienes y derechos aflorados.
Entre otras medidas, se amplía el límite de inembargabilidad de los ingresos desde el actual 110% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 150% (961 euros efectivos) para aquellos deudores que han perdido su vivienda habitual. También se faculta al ICO para establecer una línea de préstamos a las entidades locales para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011.
