Se pospone hasta el año 2014 para todos los sujetos pasivos no inscritos en el registro de devolución mensual del IVA o del IGIC, la entrada en vigor de la obligación de presentar electrónicamente la declaración informativa con el contenido de los libros registro de dichos impuestos.
Con el fin de estimular la inversión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se declara exentas las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de las acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación.
Entre otras medidas, se amplía el límite de inembargabilidad de los ingresos desde el actual 110% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 150% (961 euros efectivos) para aquellos deudores que han perdido su vivienda habitual. También se faculta al ICO para establecer una línea de préstamos a las entidades locales para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011.
Con fecha 1 de mayo de 2011, entró en vigor en la Comunidad Autónoma de Andalucía el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, con una finalidad medioambiental, persiguiendo la reducción de la utilización de estas bolsas de plástico y, por tanto, de la contaminación que generan.
La norma persigue fijar un plazo máximo de un mes para que las empresas resuelvan las reclamaciones de sus clientes, y que la atención telefónica sea gratuita, ágil y personalizada. Se impedirá que el servicio de atención al cliente proporcione ingresos adicionales a la empresa a costa del usuario o sea utilizado para ofrecer otros productos al cliente.
El objetivo de este nuevo Reglamento es, de una parte, garantizar una aplicación uniforme del actual sistema del IVA, en particular en lo que respecta a sujetos pasivos y sus circunstancias y, de otra parte, adaptar el anterior Reglamento de 2006 a las Directivas comunitarias sobre IVA que se han ido aprobando estos últimos años.
El pago de las cuotas de la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la vivienda familiar es una deuda de la sociedad de gananciales y no una carga del matrimonio por lo que corresponde a ambos cónyuges su pago por mitad y el juez no puede modificar el porcentaje de cada uno de los cónyuges para ajustarlo a las condiciones de la prestación alimentaria a los hijos en la demanda de divorcio.
